|  |
PAMELA CARRASCO T.
Partió como un asunto de derechos gremiales, pero el problema de fondo tiene que ver con la privacidad de la red. En noviembre del año pasado algunos usuarios del blog sindical Huelga.cl intercambiaron opiniones a raíz de presuntos daños en las instalaciones de una empresa. Esto motivó una querella por parte de la compañía involucrada y el tema pasó a manos de la Policía de Investigaciones.
Hasta ahí no hay nada fuera de lo normal. Pero lo que alertó a los expertos en informática es que la Brigada del Cibercrimen le pidió al administrador del sitio web que le entregara información personal de cinco de sus usuarios, quienes, según el parecer policial, podrían contribuir al esclarecimiento de hechos investigados y así dar con los responsables… Sin embargo, la solicitud de la policía no contaba con una orden judicial específica emitida por un Juzgado de Garantía.
En Chile, los prestadores de servicio de internet están obligados a conservar registros de conexiones a la red por cierto plazo de tiempo, lo que eventualmente puede permitir la identificación de un usuario. Sin embargo, dicho registro no es de acceso público, sino que está disponible, previa orden judicial, para la investigación de crímenes, bajo las condiciones que establece la ley.
Con esos antecedentes, el webmaster de Huelga.cl se negó a entregar la información y, apoyados por la ONG Derechos Digitales, le entregaron una respuesta formal a la Policía de Investigaciones, al prefecto del Cibercrimen y pusieron los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público y del Noveno Juzgado de Garantía.
PRECEDENTES
Alberto Cerda, abogado y director de Estudios de ONG Derechos Digitales, explica que el problema aquí tiene que ver con los mecanismos que resguardan la privacidad en la red y la inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas.
"En este caso puntual se gatilló por un tema sindical más o menos polémico. Pero esto es lo mismo que si a cualquier sitio web con una plataforma tipo blog le pidieran la información de sus usuarios sin ninguna orden judicial de por medio. Puede pasar con comentarios donde se expresen opiniones de tu vida privada, como tu opción religiosa, política, tu tendencia sexual, entre otras", dice el abogado.
Y si bien aquí el tema saltó a la palestra porque estaba teñido con una polémica del mundo real, Cerda se pregunta qué pasaría si a un sitio sin tanta controversia le pidieran los datos de sus usuarios. "Quizás se los entregarían sin muchos cuestionamientos, sin pensar que se está haciendo algo fuera del marco legal, sin contar con una autorización judicial específica, como lo indica la Reforma Procesal Penal. Y eso habla también de un relativo desconocimiento de los prestadores de servicios de internet. Yo me pregunto: ¿Si a cuatro años de establecerse la ley la policía funciona de esa forma es porque nadie les dijo que estaba mal?, ¿ya se entregó información antes sin pasar por la vía legal? Yo me temo que sí y eso nos plantea varios desafíos, porque es la confianza de los usuarios lo que está en juego", sostiene.
Al ser consultada, la Brigada del Cibercrimen dijo que el tema no estaba en sus manos, sino que estaba siendo investigado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones.
El subprefecto Víctor Carriel, jefe de la BIPE, explica que están trabajando en un caso de gran importancia y, para resolverlo eficazmente, le pidieron ayuda a la Brigada del Cibercrimen en la investigación informática de ciertas personas y para eso se usó una orden simple de investigar y no una orden judicial.
"Muchas veces con una orden de investigar simple las personas colaboran con nosotros y nos entregan la información que necesitamos sin problemas, pero en este caso no fue así. Nosotros sabemos que debemos tener una orden judicial porque así lo establece la ley y por eso en este caso ya pedimos esta orden y una vez que la tengamos vamos a poder revisar los computadores y llegar a la información que necesitamos sin ningún problema", dice.
Según Alberto Cerda, el caso finalmente no va a quedar en nada. "De acuerdo con nuestra legislación los prestadores de servicios de internet deben guardar los registros de sus usuarios por seis meses, y ya han pasado más de seis meses desde los hechos. De modo que el errático proceder en la investigación policial determina que se haya perdido la pruebas, en el caso de que hubiera sido pertinente para la investigación que estaban realizando'
SEPA CÓMO PROTEGERSE
'De acuerdo a las facultades con que cuenta el empleador para administrar su empresa, puede regular las condiciones, frecuencia y oportunidad de uso de los correos electrónicos de la empresa, pero en ningún caso podrá tener acceso a la correspondencia electrónica privada enviada y recibida por los trabajadores', dice la ley.
Fuente: El Mercurio, 7 de Agosto de 2008. | |
Huelga.cl
gmail.com
